Lennyn Flores/El Estado
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (El Estado).-La seguridad en el sistema carretero federal fue uno de los temas torales que se tocaron durante la IV Reunión Regional en la que participaron miembros de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas Asociación Civil (Amotac) y autoridades de la Guardia Nacional (GN).
Durante el encuentro que tuvo lugar en Chiapas, Rafael Ortiz Pacheco, líder nacional de Amotac, dijo que, como transportistas reconocen el trabajo que la Guardia Nacional ha venido realizando en el país, pero es necesario que se aplique más esfuerzo, ya que aún existen puntos débiles que deben eliminarse.
“Veracruz está atiborrado de fulles; el problema de Oaxaca lo veo como un esfuerzo muy pobre, con la disculpa del jefe –de la GN- que está ahí, pero hay mucho pretexto (…) ante la violación de cualquiera de las normas, va la cancelación y el encierro del vehículo”, sentenció.
Entre las demandas de la Alianza, que no son nuevas y por las cuales llevan peleando muchos años, se encuentran: prohibir la circulación de los camiones doblemente articulados (mejor conocidos como fulles), ofrecer una mayor capacidad instalada para la emisión de la licencia federal para operadores, que se verifique la clasificación de las carreteras para respetar la NOM 012 de pesos y dimensiones y que se ofrezcan incentivos fiscales y justos para la renovación del parque vehicular que ayude a los transportistas.
Por su parte, Jesús Pérez García, delegado de esta organización en Chiapas, reconoció la voluntad de la Guardia Nacional para asistir a esta reunión, que la Amotac determinó que se realizara de manera regional, iniciando con las entidades del sureste mexicano.
Lamentó que esta voluntad no exista por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dependencia federal que se ha mostrado indiferente ante las necesidades del sector.
Finalmente, habló de la presencia de presuntos grupos del crimen organizado en la entidad, lo que consideró como un tema sensible que, tanto el poder Ejecutivo federal y estatal deberán analizar para evitar que el estado de Chiapas se convierta en escenario de más enfrentamientos y violencia.