JUSTICIA
El Estado/Agencia
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (El Estado).-Con el objetivo de atender los reclamos históricos de los habitantes de la comunidad Zona Lacandona, el gobierno de México ha propuesto generar un programa integral, incluyente, participativo y coordinado que dé respuesta con políticas y acciones en favor de los pobladores.
A través de una comisión interinstitucional conformada por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Agraria, el Registro Nacional Agrario y el Fideicomiso de Fondo Nacional de Fomento Ejidal, brindan atención a las comunidades indígenas Lacandona, Tzeltal y Chol que ahí habitan en la región de la Selva Lacandona.
Basados en el diálogo con los diversos integrantes de la comunidad, este grupo de instancias trabaja en la elaboración de un diagnostico que busca que el estudio incluya las diferentes aristas de la problemática.
Antecedentes históricos:
La Comunidad Selva Lacandona obtuvo Resolución Presidencial sobre Reconocimiento y Titulación de Tierras el 26 de noviembre de 1971, sin que la ejecución de esto haya sido satisfactoria para los beneficiados.
El 30 de marzo de 1977, con la presencia de autoridades del gobierno del estado de Chiapas, representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria y otras dependencias del gobierno federal, se estableció un convenio definitivo que precisa los derechos que en esta comunidad tendrían las étnicas Lacandona, Chol y Tzeltal, orientado al aprovechamiento del territorio, que se considera como base del Decreto Presidencial de inclusión étnica del 18 de diciembre de 1978, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 marzo de 1979.
Por otra parte, se dictaron 22 resoluciones presidenciales dotatorias de tierras, sobrepuesto al territorio concedido a la Comunidad Selva Lacandona, la mayoría de las cuales fueron atendidas a través del Programa de Atención Integral que finiquitó prácticamente la totalidad de los conflictos.
El 8 de diciembre de 1977, se dictó el Decreto Presidencial que declara como Área Natural Protegida la Reserva de la Biósfera “Montes Azules”, que coincide en una propiedad superior al 50 por ciento con las tierras reconocidas a la Comunidad Zona Lacandona.
Sin embargo, debe precisarse que la declaratoria no impacta la propiedad de la tierra, sólo establece límites a su uso y aprovechamiento. Bajo esta perspectiva, resulta infundado que exista controversia o contradicción entre la problemática agraria y ambiental en la Comunidad Selva Lacandona, y que, por el contrario, es la voluntad colectiva del grupo interinstitucional el que, de manera ordenada e integral, se atiendan estos dos ámbitos.
La autoridad federal precisó que, se trabaja en un programa que ponga en el centro la riqueza humana de quienes habitan la Comunidad de la Zona Lacandona y su bienestar mediante políticas de gobierno que tengan como eje primordial el conocimiento del territorio por parte de sus habitantes.
El Gobierno de México reconoce plenamente a los pueblos indígenas y, para ello, coordina todos sus esfuerzos institucionales a fin de brindar la atención que por años se les había negado, garantizando que, en esta oportunidad histórica la justicia llegará a la comunidad de la Selva Lacandona.
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