Lennyn Flores/El Estado
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (El Estado).-Tras el accidente de un tráiler que dejó una extensa lista de personas fallecidas y una más de lesionados en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez; redes, organizaciones y casas de migrantes, consideraron el hecho como “resultado de políticas migratorias mortales”.
A través de un comunicado, señalaron que el siniestro deja en claro que, el anonimato y las condiciones en las que las personas migrantes se ven forzadas a transitar son mortales y consecuencias de políticas migratorias fallidas.
“La muerte de estas personas se suma a las violaciones que se han documentado en los últimos años contra la población migrante en el contexto de la pandemia. La militarización de las fronteras y de las rutas; la falta de acceso a los procedimientos de asilo y regularización migratoria obliga a las personas migrantes a arriesgar sus vidas e integridad en un tránsito cada vez más peligroso.”
Cerca de las 15:30 horas del jueves 9 de diciembre, a la altura del kilómetro 6 de la carretera que conecta a Chiapa de Corzo con la capital del estado, se reportó que el conductor de un transporte de carga perdió el control debido al exceso de velocidad, este hecho reveló que la caja de la pesada unidad eran transportados más de 100 personas migrantes en condición de hacinamiento.
Los últimos datos dados a conocer por el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, señalaban que 49 personas fallecieron en el lugar y cinco más durante la atención en hospitales por la gravedad de sus lesiones.
Ante esto, los diversos grupos defensores de la población migrante, hicieron un llamado a las instancias competentes para que las personas lesionadas reciban la atención médica necesaria; que los procesos de identificación y restitución de restos, se lleven a cabo de manera digna y humana, en apego a los estándares internacionales, y aplicando en lo conducente el protocolo de notificación y restitución de restos a la Comisión Forense.
Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas represente dignamente a las familias de las víctimas, garantizando que el Estado Mexicano respete todos los derechos establecidos en la Ley General de Víctimas y en la legislación procesal penal, así como en tratados internacionales.
Asimismo, que se encargue de todos los gastos funerarios y otros, que requieran las familias para dar sepultura a las víctimas de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, consultando con ellas, no imponiendo ninguna acción.
Pidieron que se lleve a cabo una investigación efectiva, estableciendo las circunstancias y responsabilidades, haciendo participes a las familias de los procesos de verdad, justicia y reparación.
Por otra parte, solicitaron la intervención de la Procuraduría de Protección a la Infancia para que intervenga en los casos que involucren niñas, niños y adolescentes, para determinar su interés superior. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), garantice efectiva coordinación con los países de origen, sin que se impongas acciones o medidas que no se tomen en consenso con los familiares de las víctimas.
Entre los grupos firmantes se encuentran: Fundación para la Justicia (FJEDO); Sin Fronteras, IAP; Casa Migrantes de Saltillo; Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI); Asylum Access México (AAMX) A.C; FM4 Paso Libre; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Asimismo, la Red Regional de Organizaciones Civiles para los Migrantes; estancia del migrante González Martínez; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos (RED TDT); Casa Monarcas. Ayuda Humanitaria al Migrante A.B.P; Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamérica Ciudad de México.
