Rey González/El Estado
La Ley 3 de 3 contra violencia de género entró en vigor el pasado 30 de mayo, se trata de una reforma constitucional que mandata que ningún deudor de pensión alimenticia o agresor sexual puede ocupar cargos públicos, ya sea en las urnas o instituciones gubernamentales, así como órganos autónomos, jueces, magistrados, ministros y rectores en universidades.
Indira Sandoval Sánchez, defensora de Derechos Humanos y Promotora de la Ley 3 de 3, explicó que es una obligación que deben cumplir las atrocidades para tener mejores elementos.
Por eso, argumentó, el Congreso del Estado de Chiapas debe aperturar un periodo extraordinario para hacer la aprobación, toda vez que hay un marco jurídico a nivel federal que así lo avala.
Desde hace tres años, recordó, han venido empujando leyes para responsabilidades de funcionarios públicos, así como la ley orgánica de función pública.
Para que esto se haga una realidad, enfatizó Indira Sandoval, se necesita voluntad política, es decir, la Ley 3 de 3 debe aprobarse antes del 30 de septiembre, para que en enero que inicia el proceso electoral las mujeres chiapanecas se aseguren que ningún deudor o agresor se encuentre dentro de las boletas electorales.
