El Estado/Agencia
La Coordinación Diocesana de Mujeres Pueblo de la parroquia de San Pedro y San Pablo y el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida «Samuel Ruiz», confirmaron que continuarán en resistencia a los megaproyectos como la minería, las hidroeléctricas y al programa Moscamed, debido a que con esas acciones lo único que logran las autoridades es la división de los pueblos.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, puntualizon: «no nos canzaremos en seguir denunciando la venta de bebidas alcohólicas, el aumento de cantinas, centros de prostitución, la falta de acceso a la justicia en las comunidades y en el municipio de Chicomuselo; con la pandemia piden que se cierren los templos, pero siguen abriendo centros de vicios y prostitución».
Señalaron que es indignante la diferencia que han mostrado las autoridades ejidales, municipales y estatales ante la exigencia de frenar la violencia hacia este sector de la población y lo más grave es que las mismas instituciones han ocultado la problemática para no contravenir en sus intereses.
En el pronunciamiento, remarcaron que seguirán activas las denuncias en contra de los proyectos que afecten la dignidad de las familias, debido a que esos programas son los que provocan confrontaciones entre las mismas comunidades.
«Somos las mujeres, los jóvenes y niños las más vulnerables ante estas realidades, ya que sufrimos la violencia física, psicológica, emocional, económica y estructural dentro y fuera de nuestros hogares, hemos insistido constantemente en el reconocimiento de nuestros derechos fundamentales a una vida digna, justa y en paz, para nosotras, nuestras hijas, hijos y para nuestras comunidades, sin embargo nuestra voz no ha sido escuchada, más bien es ignorada», enfatizaron.
Exigieron que las autoridades hagan justifica por el feminicidio de Virgilia Villatoro, quien fue privada de la vida el 28 de octubre de 2017 en el municipio de Chicomuselo. De igual forma, pidieron a la población que los apoyos que dan las instituciones no sean ningún condicionante, lo más urgente es crear estructuras que permitan un beneficio común.
Dentro de las exigencias a los tres órdenes de gobierno, se encuentran: el cierre de las cantinas y la cancelación de los permisos para la venta de bebidas alcohólicas en las comunidades y en la cabecera municipal.
También se pide a las instituciones que no haya persecución ni tampoco hostigamiento para las personas que están trabajando para que haya justicia ante los casos de violencia; también se pronunciaron en contra de cualquier manipulación que se haga en las campañas políticas.
