Agencia/El Estado
En lo que va de este 2023 el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) tiene un acumulado de 40 denuncias que, posiblemente, son violatorias a las normativas, puntualizó la consejera electoral, Gloria Esther Mendoza Ledesma.
No obstante, el organismo electoral local mantiene una vigilancia que se hace en redes sociales pero, además, un monitoreo en campo para documentar cualquier conducta que esté fuera de la ley.
“Nuestro trabajo es toda la información que nos brinde la ciudadanía, establecer los procedimientos, sancionar en su caso. Tenemos nuestra facultad de inicio de oficio, se están dictando las medidas cautelares”, enfatizó la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias en el IEPC.
Uno de los aspectos importantes, es que el Instituto, recientemente, aprobó una serie de lineamientos que regulan el actuar de los partidos políticos, a fin de que no se lleven a cabo actos anticipados de campaña o de promoción personalizada.
De los asuntos que hasta ahora se han resuelto, dijo, derivan 20 medidas cautelares que se han impuesto. Las quejas vinculan a servidores públicos, ciudadanos y personajes políticos del ámbito estatales y federal, hombres y mujeres.
Las medidas cautelares se definen como una medida que busca, primero, frenar cualquier conducta fuera (supuestamente) de la normatividad electoral, mientras que se emite una resolución.
Es importante mencionar que en cualquier acto o resolución que emite el IEPC, la persona acusada puede acudir a los organismos jurisdiccionales para impugnar pero, también, cuenta con su derecho de aportar las pruebas ante el organismo local.
Las denuncias que se han presentado en este 2023, informó Mendoza Ledesma, se relacionan con lo que la población observa en las calles, desde la pinta de bardas hasta los espectaculares.
Con la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que aprobó el Congreso de Chiapas, el IEPC tiene ahora facultades para aplicar sanciones que trascienden más allá de solo informar el hecho al jefe jerárquico del servidor público; las variantes se vinculan con imposiciones económicas y hasta negar el registro de alguna candidatura.
A eso se le suma que el IEPC da vista de las resoluciones a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y también al Instituto Nacional Electoral (INE). “Dentro de estos lineamientos está permitida la propaganda pero con ciertas especificidades; por ejemplo, tiene que estar identificado el proceso político para el cual la persona está compitiendo o tratando de contender. Si no está, tenemos otros escenarios de posible violación a la normatividad electoral”, aclaró la consejera electoral.
Finalmente, declaró que desde el Instituto se ocupan de atajar aquellas conductas que violenten la normalidad electoral, pero será importante que la ciudadanía también aporte a través de la presentación de las quejas para que sean tramitadas.
