El Estado/ Agencia
Por vulnerar los derechos de cuatro mujeres tsotsiles en Chiapas que fueron acusadas en principio de trata de personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 51/2022 a la Fiscalía General del Estado (FGE) y su titular, Olaf Gómez Hernández, para que localicen a las víctimas y familiares para ofrecerles una disculpa pública y reparar integralmente los daños.
Las acusadas fueron puestas a disposición de las autoridades el pasado 24 de julio, luego de que mediante notas periodísticas la Fiscalía informara la desmantelación de una red de trata de personas y el rescate de 23 menores de edad, por lo anterior y ante las graves acusaciones la CNDH ejerció su facultad y atrajo el caso para investigar.
En el comunicado, el organismo no gubernamental explicó que se debió advertir que se trataba de diversas familias indígenas quienes vivían en un mismo domicilio, acorde a sus usos y costumbres, por lo que se tenía que establecer una línea de investigación diferenciada, aplicando una perspectiva intercultural, tal como lo establece la Constitución Política del país.
«En lugar de ello, solicitó la orden de aprehensión en contra de las víctimas, por lo que tres de ellas fueron ingresadas al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14 y la otra en el CERSS número 5», señaló el pronunciamiento.
Además, la FGE incurrió en dilación al no solicitar la elaboración de un dictamen antropológico en
materia indígena para obtener más y mejores datos de prueba, antes de pedir la orden de aprehensión en contra de dichas mujeres, cuyo resultado oportuno hubiera sido determinante para decretar su libertad, ya que dicho análisis constató que se trataba de mujeres campesinas e indígenas quienes tienen prácticas diferenciadas en su forma de vivir, trabajar e insertarse laboralmente desde edades tempranas.
Cabe destacar que las cuatro mujeres permanecieron en prisión cinco meses hasta el 23 de diciembre de 2020, fecha en que se determinó el desistimiento de la acción penal en su contra, vulnerando sus derechos humanos a la seguridad jurídica, debido proceso y acceso a la justicia.
