El Estado/Agencia
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en una revisión que hizo sobre el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciadas (CERSS) número 4 y que se ubica en Tapachula, encontró que el lugar tiene condiciones deficientes en la infraestructura y habitaciones para las mujeres que ahí se encuentran recluidas.
Por tal razón, el organismo autónomo emitió una recomendación dirigida a las autoridades estatales, a fin de que este problema pueda ser atendido y se realicen todas las gestiones y trámites administrativos, para que las personas privadas de la libertad tengan una estancia digna.
«El pasado 20 de octubre, personal de la CNDH se constituyó en las instalaciones de ese centro penitenciario, percatándose de que el inmueble presentaba condiciones de infraestructura deficientes, así como de materiales e higiene, la existencia de fauna nociva y falta de personal
médico, lo cual coloca en grave riesgo a las mujeres privadas de la libertad, así como a dos personas menores de edad que se encontraban ese día de visita», relató la CNDH.
Con la recomendación y medidas cautelares, la Comisión pretende que las autoridades estatales busquen la forma de conseguir los materiales para hacer las reparaciones eléctricas, de fumigación, protección civil y aquellas que permitan la asignación de personal médico para las personas que están detenidas.
En la revisión, la CNDH encontró que la ausencia de especialistas en temas de salud ha generado un impactado negativo en las personas que están privadas de su libertad, pero también en aquellos menores que están con sus madres debido a que no tienen una alimentación adecuada; en consecuencia, se pueden generar daños a la salud física y mental.
«Asimismo, acreditó que las mujeres privadas de la libertad continúan viviendo en condiciones
deplorables, debido a que el lugar presenta goteras, filtraciones de agua, sanitarios con fugas y moho en paredes, sobrepoblación, hacinamiento y falta de higiene en las instalaciones, situación que vulnera los derechos humanos a la reinserción social y a la estancia digna y segura de ellas, así como el derecho a la protección de la salud y del interés superior de las personas menores de edad que viven con ellas».
El exhorto que da a conocer la Comisión Nacional, también se enfoca en que las autoridades estatales aprueben un recurso que permita ampliar el personal directivo, técnico y operativo, además de personas que puedan atender las necesidades que enfrenta esa población, sumado a las acciones que sí permitan una reinserción social.
«se le pide realizar las gestiones necesarias a fin de contar con los recursos económicos necesarios que permitan proporcionar a las personas menores de edad alimentación adecuada e iniciar la respectiva queja en contra de las autoridades responsables de las condiciones deficientes en las que opera el centro penitenciario en cuestión, ante la
Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas o la instancia que corresponda», finalizó.
Fotografía: CNDH
