EDITORIAL
Es evidente que el sistema político de México se encuentra muy dañado, cómo no, si el país fue gobernado por años por un monopolio creado por personas que encontraron en el ejercicio de gobernar la catapulta que los arrojó directamente a la oportunidad de hacer realidad todos sus deseos, incluso los más perversos, y también a obtener todo el poder para decidir el destino de todos, destino que hoy estamos viviendo.
Ese sistema, en el que los privilegiados eran sustituidos por otros también privilegiados, acostumbró a los mexicanos a creer que no cualquiera podía jugar un papel importante dentro de los puestos de decisión, convirtiéndose esto en la estrategia principal de quienes, por años, hicieron de los gobiernos el mejor botín político.
Sin embargo, el futuro vendría a hacerle justicia a una sociedad desfavorecida, que encontró en las redes sociales el espacio perfecto para manifestar pensamientos e ideas, por supuesto, válidas y justas, con las que lograron derrocar a un poderoso imperio de corrupción e impunidad.
Pero, la contaminación sigue arraigada en el pensamiento colectivo y es, sin duda, lo que no nos permite crecer como sociedad, ya que esto ha permitido que, aquellos que fueron expulsados del poder, se escondan entre esa sociedad cansada y con ello traten de dar un traspié al gobierno actual a través de denostaciones y señalamientos anónimos, en muchos casos.
Fue en 2018, cuando la sociedad decidió darle vuelta a la página y dar paso a un nuevo proyecto de gobierno, encabezado a nivel nacional por el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y en Chiapas por Rutilio Escandón Cadenas, ahora gobernador; se trató de un proyecto aceptado por la mayoría y elegido en el proceso electoral más democrático que pudo haberse dado en México.
Aunque hay claroscuros en algunos temas relevantes, hay claridad en otros tantos, como en el caso de Chiapas, donde existían grupos “sociales” que impunemente hacían lo que querían sin importarles el daño que causaran a todo el estado: Bloqueos, invasiones, secuestros, extorsiones, entre otros delitos que eran tolerados por los gobiernos pasados.
Desde el inicio de 2018, los chiapanecos han sido testigos del rescate hecho por la Fiscalía General del Estado (FGE), de miles de hectáreas que permanecían invadidas por presuntos integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), de las cuales, más de 2 mil predios han sido restituidos a sus legítimos propietarios; también, se habla de la desarticulación de pandillas en regiones que se encontraban a la orden de las mismas, como es el caso de las zonas fronterizas y costa.
La seguridad es un tema importante que incluso fue reforzado a través de mesas de seguridad que diariamente se realizan a nivel federal y estatal, y en el que las Fiscalías juegan un papel trascendental, ya que es la entidad encargada de investigar y acusar ante los juzgados y tribunales competentes a quienes se presuma han cometido algún delito que atente contra la vida, la seguridad o los bienes de otro, en este caso de los chiapanecos.
Es necesario resaltar esta clase de acciones, porque se tratan de temas que en otras administraciones no se realizaban. Claro que hay temas pendientes que las autoridades deben cumplir, pero lo claro es que, independientemente de los reclamos hechos detrás de una pantalla de computadora, la sociedad debe asumir un papel más responsable, en el que conozca los procesos legales y se indague para poder emitir un juicio a conciencia, porque la desinformación y la manifestación des infundada no genera más que inestabilidad y un escenario confuso que termina afectando a todos y dando nuevamente la posibilidad a aquellos que fueron expulsados, de regresar y arraigarse de nuevo en el poder, lo que sería desastroso no sólo para la seguridad, sino para la vida pública de México y de Chiapas.
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