Rey González/El Estado
El Observatorio Nacional Ciudadano y el Observatorio Ciudadano Chiapas, expusieron -durante una rueda de prensa- que la entidad tiene un alarmante incremento de violencia, siendo el narcomenudeo y trata de personas las principales causas, sin embargo, estos no son formalmente denunciados.
Sofía Escobar, investigadora y Carmen Villa, directora del Observatorio Ciudadano Chiapas, comentaron una comparación con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del 2023 con los datos de 2018 y 2022, las cuales revela que durante el año pasado se redujo la percepción de inseguridad, en comparación de 2018, no obstante, el desplazamiento forzado interno se ha intensificado, llevando a familias de comunidades rurales a abandonar su hogar.
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, en 2022, solo el 1.4% de los 509 mil 223 delitos estimados fueron denunciados en Chiapas, lo que podría evidenciar subregistro en las carpetas de investigación; por ejemplo, delitos de alto impacto como narcomenudeo y trata de personas, no presentaron un incremento en las cifras, las consecuencias en la cotidianidad de la población son evidentes.
Las investigadoras subrayaron que, a pesar de la legislación y protocolos existentes en Chiapas, la falta de tipificación del Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en el código penal y la ausencia de una respuesta nacional integral han dificultado abordar este problema de manera efectiva.
Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a las autoridades federales y estatales, así como al Senado de la República, para atender la crisis humanitaria en Chiapas y legislar en materia de Desplazamiento Forzado Interno.
