Agencia/ El Estado
Ante la ola de violencia que se vive en los altos de Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) lamentó y reprobó estas acciones que se registran en el municipio de Chenalhó, Chiapas.
En un comunicado publicado en su página web, el Frayba señaló que según diversas fuentes de información los enfrentamientos iniciaron desde el pasado 29 de septiembre de 2022 sin que los conflictos terminen.
Explicó que se tienen confirmado un número aproximado de 129 personas en desplazamiento forzado interno (32 familias), refugiadas en la comunidad de Polhó, del mismo municipio; entre ellas se encuentran al menos 36 niñas, niños y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad.
Además de la quema y destrucción de aproximadamente seis casas; sin que hasta al momento se cuente con más datos precisos respecto al número de personas heridas y asesinadas.
«Desde el Frayba hemos señalado la responsabilidad del Estado mexicano respecto a la omisión y mantenimiento de la impunidad frente a la actuación de grupos armados en la región de Los Altos de Chiapas que amenazan, asesinan y desplazan a los habitantes, lo cual constituye una violación continua y múltiple de los derechos humanos, entre los que se destacan el acceso a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, libertad de residencia, a la vivienda, salud, educación, empleo, y a una vida en familia», indican en su comunicado.
En diversas zonas de Chiapas se vive una crisis de violencia, diversos actores civiles utilizan el recurso armado como mecanismo de control político, territorial y económico. De 2011 a la fecha, hemos documentado 40 conflictos en donde las armas se han convertido en el recurso central, en 33 de estos casos fueron usados altos calibres. La mitad de estos eventos se desarrollaron en Los Altos de Chiapas, destacando los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Oxchuc.
Por ello, exigieron al Estado mexicano adoptar medidas integrales para prevenir las causas del desplazamiento forzado interno en la región, así como a garantizar la protección y la seguridad de las personas afectadas para disfrutar de una vida digna y en paz, además de iniciar una investigación diligente respecto a la actuación de los grupos armados que abone a su desarticulación y desarme.
