Las y los chiapanecos debemos estar muy orgullosos de las y los médicos y enfermeras que trabajan para atender y contener la pandemia en Chiapas, afirmó
Comunicado
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Durante su intervención en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca informó que en el marco del Programa de Seguridad y Justicia 2020 y el Plan Emergente COVID-19 la Fiscalía General del Estado (FGE) atenderá actos de discriminación y violencia contra personal de salud durante la presente emergencia sanitaria.
El responsable de la procuración de justicia en Chiapas señaló que un grupo especial de la Fiscalía del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Secretaría de Salud, se encuentra trabajando para priorizar la atención de casos de amenazas, violencia física y otro tipo de delitos cometidos contra personal de salud, relacionados con la actual emergencia sanitaria por COVID-19.
“Las y los chiapanecos debemos estar orgullosos de las y los médicos y enfermeras que trabajan para atender y contener la pandemia en Chiapas. No vamos a permitir actos de discriminación, violencia o cualquier otra comisión de delito cometida contra el personal de salud”, aseveró.
En este sentido, Llaven Abarca afirmó que desde el inicio del Plan Emergente COVID-19 instruyó la ejecución de medidas preventivas manteniendo una línea de comunicación cercana con los centros de salud para recibir información y denuncias sobre actos de violencia contra su personal, la realización de vigilancia y patrullajes permanentes en los hospitales y sus inmediaciones, entre otras.
Subrayó que la Fiscalía General del Estado está trabajando en coordinación con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) con la finalidad de prevenir y atender actos de discriminación y violencia contra las y los trabajadores de salud.
Finalmente refrendó su compromiso para garantizar el Estado de derecho en toda la entidad y de mantener su política de cero impunidad a cualquier conducta antisocial o violenta en contra de las y los trabajadores de salud que atienden la emergencia sanitaria en Chiapas.
