La diputada Sonia Rocha Acosta, del Partido Acción Nacional, propuso una iniciativa en beneficio de este sector de la población
Lennyn Flores/El Estado
En América, México ocupa el primer sitio respecto a menores huérfanos debido al Covid-19, con una cifra superior a las 131 mil 325 personas, lo que equivale al 16.65 por ciento del total de los contabilizados en el mundo, señala la iniciativa impulsada por la diputada Sonia Rocha Acosta, del Partido Acción Nacional (PAN), que busca que las niñas, niños y adolescentes desamparados reciban los cuidados necesarios para salvaguardar su vida, integridad y el ejercicio pleno de sus derechos.
Esa cifra en el país es mayor de la que registran otros lugares como la India con 116 mil 263; Brasil, 113 mil 150 y Estados Unidos con 104 mil 884.
La iniciativa, propuesta en la cámara baja del Congreso de la Unión, indica que es lamentable que hasta ahora no existan acciones por parte del Estado para atender a las y los menores, víctimas de la orfandad provocada por el Covid-19.
“Actualmente no hay cifras del gobierno sobre los menores mexicanos en orfandad; existe una clara omisión por parte del Estado para hacer valer sus derechos, ya que están en condición de desprotección, porque toda niña y niño que pierde a su cuidador primario va a tener una afectación económica, lo que significa un riesgo de que tengan que trabajar”, precisó la legisladora.
Por ello, consideró necesario implementar políticas públicas y mecanismos para que este grupo poblacional tenga la garantía de que se velará por su protección en todo momento, ya que su derecho a la vida es fundamental y se debe evitar que vivan en el desamparo.
La propuesta, que adiciona los artículos 29 y 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala que el Sistema Nacional DIF, así como los sistemas de las entidades y municipales, en coordinación con las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, llevarán a cabo, con el apoyo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), la identificación y el registro respectivo.
Ello, con la finalidad de llevar un control exacto de este grupo poblacional dentro del sistema de información, que sirva de base para el diseño, implementación y seguimiento de las acciones y políticas públicas para su debida atención.