El Estado/Agencia
El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte Público «Alianza», Mario Bustamante Grajales, pidió que a las autoridades estatales que investiguen el derecho de piso que están cobrando grupos delictivos en los municipios de Cacahoatán, Pijijiapan, Mapastepec y Tapachula, debido a que los conductores y concesionarios están recibiendo amenazas si no cumplen con la entrega de dinero de forma mensual.
Por esta intimidación que están recibiendoos trabajadores en esas zonas, comentó, algunas rutas han dejado de prestar el servicio de forma temporal, pues no pueden exponer a los pasajeros ni tampoco acceder a la petición que hacen desconocidos.
Es necesario, puntualizó Bustamante Grajales, que las instancias de gobierno averigüen quienes son las personas que pretenden sacar un beneficio económico a partir de un delito, sin importar el daño que provocan en toda la industria del transporte.
Lo que se ha notado, detalló ante los medios de comunicación, es que esta actividad regresó de una forma más agresiva a lo que se había presentado hace dos años; ahora,dijo, ya se ha reportado personas asesinadas por esta situación y otras más que son intimidadas en sus viviendas.
